> Berria: Homofobia > NICARAGUA: LA DERIVA AUTORITARIA DE ORTEGA

Concentración de apoyo a Ortega en Managua

[A la derecha, portan la imagen de Carlos Fernando Chamorro con las inscripciones "soy corrupto" y "soy gay"]

• La deriva autoritaria de Ortega
• El presidente de Nicaragua intensifica la persecución judicial contra periodistas y activistas a menos de un mes de las elecciones municipales
• El País, 2008-10-18 # Maite Rico · Madrid

"O aceptamos sin rechistar la dominación del actual Gobierno o, si nos resistimos, su venganza será larga y no cesará hasta destruirnos". La escritora Gioconda Belli describe así la "encrucijada" en la que se encuentran los nicaragüenses. Sus palabras están espoleadas por la persecución judicial contra el periodista Carlos Fernando Chamorro y ocho ONG. Otro eslabón de una ofensiva desatada por el presidente Daniel Ortega contra intelectuales, partidos, medios de comunicación y movimientos sociales críticos con su gestión. De la mano del líder del Frente Sandinista y su familia, Nicaragua se dirige, dice la oposición, hacia una dictadura institucional.

El pasado día 12, la fiscalía allanó en Managua la sede del Centro de Investigación de la Comunicación, que dirige Carlos Fernando Chamorro, y confiscó los archivos de la fundación y cinco ordenadores. El Gobierno le acusa de "triangular" fondos internacionales con el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). "Están fabricando un caso", dice Chamorro, que denuncia la violación de todas las garantías legales.

El acoso contra el periodista, hijo del legendario Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa asesinado en 1978 por la dictadura somocista, comenzó en junio, después de que destapara escándalos de corrupción que salpicaban al Gobierno. Una campaña denigrante en los medios oficiales, controlados por Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, y sus hijos, dio paso a la actuación de la fiscalía.

La misma suerte están corriendo el MAM y otros grupos feministas, muy combativos contra la ilegalización del aborto terapéutico, decidida por Ortega, y en el apoyo a su hijastra, Zoilamérica Narváez, que ha denunciado al presidente por abusos sexuales. También la Coordinadora Civil está contra las cuerdas. "Nos ha citado la fiscalía, pero no sabemos en calidad de qué, porque somos una plataforma de 600 organizaciones", explica Georgina Muñoz. La Coordinadora convocó la marcha celebrada en julio para protestar por la situación del país, con un desempleo del 60% y una inflación del 12%.

"Ortega quiere silenciar las voces críticas a su proyecto autoritario", dice un directivo de La Prensa que pide el anonimato. El propio rotativo ha sido sometido a dos procesos por injurias. Reporteros Sin Fronteras denuncia que Ortega "está instrumentalizando la justicia para saldar cuentas políticas". Gracias al pacto sellado entre Ortega y el ex presidente derechista Arnoldo Alemán (condenado por corrupción y hoy excarcelado), el Gobierno tiene "el control absoluto del poder judicial", señala esta fuente. "El Frente Sandinista y el Partido Liberal se han repartido al 50% los órganos, desde la Corte Suprema al Consejo Electoral. Pero los sandinistas, más hábiles, los controlan de hecho". Lo ocurrido en el Consejo Electoral es significativo: "Tres miembros son sandinistas y tres liberales. El séptimo se le pidió a la Iglesia y el cardenal Miguel Obando puso a un pariente que se ha aliado con el Frente".

Este Consejo ilegalizó, unos meses antes de las elecciones municipales del próximo 9 de noviembre, a dos formaciones opositoras, el Partido Conservador y el Movimiento Renovador Sandinista, formado por disidentes del Frente. "Lo más interesante es que el enemigo más duro de Daniel Ortega son los ex sandinistas", comenta el periodista Álvaro Cruz. Ellos, junto a la prensa y a los movimientos sociales, están llenando el vacío de la oposición política. Y ahí apuntan las baterías del Gobierno, como saben bien el poeta Ernesto Cardenal o los cantantes Carlos y Luis Mejía Godoy. Otras 39 personalidades, como el ex presidente Enrique Bolaños o el liberal "disidente" Eduardo Montealegre, están sujetos a procesos judiciales.

A veces los tribunales no son necesarios. La intimidación ha silenciado al comentarista Edgar Tijerino, toda una institución en Nicaragua, y al programa El 2 en la Nación, que el periodista Jaime Arellano tenía en el Canal 2.

"Con todo, lo más preocupante es el resurgimiento de la violencia contra la oposición, como ocurrió recientemente en León", comenta Álvaro Cruz. Los llamados Consejos del Poder Ciudadano, creados siguiendo las pautas del régimen cubano, se están usando como grupos de choque, en una especie de reedición de las turbas del primer gobierno sandinista. "La gente", dice Cruz, "se está llenando de miedo".

• ¿Sociedad civil o sociedad servil?
• El País, 2008-10-18 # Carlos F. Chamorro

En junio del año pasado, en el programa de televisión Esta Semana, presenté una investigación periodística demostrando el primer gran caso de corrupción en el Gobierno de Daniel Ortega: una millonaria extorsión extrajudicial fraguada desde la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde también opera la Casa Presidencial.

La respuesta oficial fue virulenta: la Fiscalía enterró el caso en la impunidad; el empresario que denunció la extorsión fue condenado por injurias y calumnias, un diputado que respaldó la denuncia fue despojado arbitrariamente de su escaño legislativo y, en mi condición de periodista-mensajero, fui sometido durante meses a una campaña de difamación en la televisión y la radio oficial, atribuyéndome delitos como "asociación para delinquir, narcotraficante, agresor de campesinos y mafioso roba-tierras". Ahora me investigan por "lavado de dinero", un delito penal que se castiga con cinco a siete años de cárcel.

El ataque lanzado por el Gobierno de Ortega contra las organizaciones civiles nicaragüenses forma parte de un proyecto de poder totalitario que busca cerrar definitivamente los espacios políticos de la sociedad. La agresión e intimidación contra medios de comunicación independientes, y la persecución y atropello contra organizaciones autónomas de la sociedad civil, como el caso del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) que presido, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y muchas otras, son señales inequívocas de la marcha de este proyecto antidemocrático, que ya canceló la personería jurídica a dos partidos políticos.

El objetivo de estas agresiones es arrebatar los derechos ciudadanos a los nicaragüenses y convertirlos en súbditos o siervos, pasando de una sociedad libre y pluralista a una sociedad subordinada y homogénea, convertida en un instrumento dócil del poder. Para este fin, se quiere convertir los derechos políticos en delitos. De la misma manera, se pretende cambiar las reglas del juego de la cooperación internacional a fin de que ésta abandone el apoyo a los programas de gobernabilidad, democracia, derechos, transparencia y equidad de género, y se dedique únicamente a financiar prácticas asistenciales. En síntesis, lo que está en juego es una sociedad civil o una sociedad servil.

Para justificar la persecución contra CINCO y mi persona, Ortega ha dicho que me resisto a "la ley" porque tengo un apellido "oligarca" y me considero "intocable". El apellido de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas, lo llevo a mucha honra; con ese apellido "oligarca" luché contra la dictadura somocista y milité en el Frente Sandinista defendiendo la revolución en los años ochenta. Entonces, Ortega jamás criticó mi apellido, hasta que en 1994 fui expulsado de la dirección del diario Barricada por demandar un sandinismo democrático. Desde entonces ejerzo el periodismo independiente, y critico las arbitrariedades de Ortega como lo he hecho frente a los últimos tres Gobiernos. Y ante la sentencia de culpabilidad que ya tienen redactada, prefiero la cárcel antes que aceptar convertirme en otro rehén de la política de chantaje que tiene sometida a Nicaragua.