2008/06/09

> Berria: Homofobia > EL MATRIMONIO GAY Y EL DICCIONARIO

  • El matrimonio gay y el diccionario
  • Forum Libertas, 2008-06-09

La Real Academia de la Lengua define así la palabra "matrimonio" en lengua española o castellana:

  • http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=matrimonio
  • 1. Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.
  • 2. m. En el catolicismo, sacramento por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia.
  • 3. m. coloq. Marido y mujer. En este cuarto vive un matrimonio.
  • 4. m. P. Rico p. us. Plato que se hace de arroz blanco y habichuelas guisadas.


En España, la reciente legislación zapateril ha asignado las características legales del matrimonio también a las uniones de dos personas del mismo sexo. Pero ¿debe cambiar la lengua española, patrimonio de más de 300 millones de hablantes en varios continentes, por el hecho de que en una esquinita europea llamada España, durante unos años, un gobierno haya cambiado unas leyes que afectan a poco más de 40 millones de habitantes?


No se ha producido una campaña así en el ámbito de la lengua española. Pero sí en el de su cercana hermana latina, la lengua catalana. El Institut d'Estudis Catalans -IEC, lo más parecido a la RAE en el ámbito de este idioma- ha anunciado la posibilidad de cambiar la definición de "matrimoni" para que deje de especificar al hombre y la mujer.


La asociación E-Cristians ha protestado con diversos argumentos, todos ellos de lógica:


1) La primera objeción es el del carácter universal de las definiciones. El matrimonio es entendido en todo el mundo como la unión de un hombre y una mujer, con escasas excepciones que no tienen repercusión en los diccionarios de la lengua, como es el caso de España.

2) La lengua catalana excede el ámbito de los territorios españoles. Es un idioma oficial de otro estado independiente, Andorra, y hay territorios con población de habla catalana en el sur de Francia y la ciudad del Alguer en Cerdeña. También es muy numerosa la diáspora catalana en América Latina. ¿Un catalanohablante de Perpiñán, Andorra o Buenos Aires debe asumir que "matrimoni" ahora incluye la unión de dos hombres porque así lo ha decidido una entidad allí en Barcelona? El Estado andorrano, por ejemplo, podría tomar alguna medida para proteger el carácter internacional del idioma y sus palabras, y más siendo el Obispo de Urgell de uno de los copríncipes. El IEC no debería hacer una fractura con los catalanohablantes que no gozan del privilegio de ser gobernados por Zapatero.


3) En tercer lugar, la lengua catalana -como la española y otras lenguas de España - no puede quedar condicionada por la legislación del estado español. Ni el Estado es competente ni debería interferir en este campo, el lingüístico. Es admirable el buen criterio prudencial de la Real Academia de la Lengua Española, que como decíamos, no está por la labor de ingeniería social que quiere acometer el IEC.


4) Los homosexuales, apenas un 2-3% de la población en el mejor de los casos, tienen poquísima tendencia a casarse entre ellos. Además, la ley española que lo permite es de las más quebradizas de la historia: fue rechazada en el Senado, ostenta informes desfavorables del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Academia de Jurisprudencia. Las leyes van y vienen, se cambian, se olvidan, quedan como curiosidades a pie de página... ¿Debe cambiar el diccionario por los frágiles avatares de la cambiante política?


5) Y está la etimología: en las lenguas latinas, "matrimonio" (matrimoni, en catalán) designa la presencia de la madre, la maternidad. Si la tarea del IEC tiene algo que ver con la ciencia filológica, en trabajo de estudiosos como Fabra, Moll o Coromines, resultaría incomprensible primar presiones políticas por encima del sentido lingüístico y etimológico.

Parece necesario -como mínimo- aplicar la prueba del tiempo. ¿Prosperará en el uso real de los millones de hablantes de las lenguas hispánicas -en diversos países repartidos en varios continentes- la idea de que la palabra "matrimonio" puede implicar a dos señores o dos señoras?


Lo que no es razonable es la imposición política sobre el diccionario, ni cambiar idiomas con decretos y leyes desde los parlamentos. Que se lo piensen en el Institut d'Estudis Catalans.

> Berria: Apostasia > ANDALUCIA: LA AUDIENCIA OBLIGA AL OBISPADO DE ALMERIA A DAR UNA APOSTASIA

  • La Audiencia obliga al obispado de Almería a dar una apostasía
  • El País, 2008-06-09

La Audiencia Nacional ha obligado al obispado de Almería a remitir a un vecino de la capital un documento en el que se certifica que se ha ejecutado el derecho de cancelación de sus datos en la partida de bautismo. En el fallo, el tribunal desestima los argumentos de la institución eclesiástica, que afirma -en consonancia con la actitud mantenida en todas las diócesis donde ha habido movimientos concertados para pedir la apostasía- que las actas de bautismo no son "ficheros personales", sino que se limitan a constatar hechos históricos (en este caso, que los padres de un ciudadano anónimo lo llevaron a bautizar).


La magistrada María del Pilar Teso interpreta las explicaciones remitidas por el obispado al apóstata para negarse a su petición como "un acto obstructivo del ejercicio de un derecho".


El caso se remonta a 2006, cuando el reclamante presentó un escrito ante el obispado en el que solicitaba la cancelación de sus datos del libro de registro. La petición fue desatendida, y, en cambio, la institución pidió más documentación.

> Berria: Poliziak > C. MADRID: UN GRUPO DE POLICIAS RELEVA A LA MAFIA DE COSLADA

  • Un grupo de policías releva a la mafia de Coslada y extorsiona para evitar denuncias
  • ABC, 2008-06-09 # Cruz Morcillo · Madrid

A Ginés Jiménez, el «sheriff» de Coslada, y a los miembros de «El Bloque» les han nacido los herederos casi al mismo tiempo que las imputaciones. La Policía Nacional ha recibido en las últimas dos semanas denuncias de varios establecimientos de Coslada -entre cinco y ocho, según las fuentes consultadas por ABC-, por las extorsiones y amenazas que están recibiendo de un grupo de policías locales. «Como abráis la boca, os las vais a ver con nosotros», son algunas de las lindezas que han tenido que oír los propietarios de esos establecimientos, en la ingenua creencia de que el tiempo de los agentes mafiosos ya había acabado.


Ese grupo de policías, «residual y minoritario», pero que puede «envalentonarse» si no se le pone coto, tiene de momento un objetivo inminente: que sus nombres no salgan a relucir en la investigación policial y que no se les involucre en las prácticas de corrupción de sus compañeros encarcelados o imputados. Los establecimientos en los que se han presentado ya habían sufrido a Ginés y su grupo de afines y sus propietarios son testigos en el caso, de ahí el temor de los policías que no han sido arrestados -algunos sí investigados- a que alguien se vaya de la lengua y dé cuenta de sus andanzas previas, que no han cesado.


Amedrentar a los testigos
Ése es el primer objetivo: amendrentar a los testigos, según fuentes próximas a las investigación. Pero aunque la maniobra parezca tan burda, dado lo reciente del descabezamiento del grupo y que las pesquisas no están cerradas, el siguiente paso del grupo sería «tomar el relevo» del ex jefe cuanto antes.


«Se han «criado» profesionalmente al calor de Ginés y Carlos (el ex número dos de la Policía de Coslada), así que ponen en práctica lo que les han enseñado. Está claro que no es la primera vez que van a esos sitios y, de hecho, los dueños les conocen, porque ya lo habían hecho antes. Son del mismo entorno, aunque es sorprendente que tengan tan pocos miramientos», explica una de las fuentes consultadas. La Policía cree que, pese al golpe dado a una trama que se ha mantenido durante años, algunos agentes locales aún se sienten impunes, de lo contrario no se entiende su comportamiento.


Las fuentes explican, a tenor de las denuncias recibidas tanto en la comisaría de Coslada como en la Jefatura Superior de Madrid, que las amenazas en estos últimos casos no son tan «gruesas» como las de los capos y adláteres de «El Bloque». «Van más encaminadas a que la gente calle», concretan los investigadores. Sin embargo, el peligro que representan es evidente. «Si no cortamos la situación, podemos tener otro «Bloque» montado en un par de temporadas», señalan las fuentes. Por ahora, estaban tanteando, actuando como «ojeadores» a ver por dónde respiraban las eventuales víctimas.


Miembros «circundantes»
El grupo actual es minoritario. Algunos de los agentes fueron investigados durante la operación, pero no se reunieron suficientes pruebas contra ellos. Más de uno ya estuvo a punto de ser imputado, de ahí que los temores no sean infundados. «Son del entorno, no próximos, pero sí circundantes», describe en una pirueta dialéctica uno de los agentes que les ha seguido los pasos desde el principio de la investigación.


Ninguno de los «herederos de Ginés» se ha visto involucrado, de momento, en los turbios asuntos de prostitución y abusos por los que se ha encarcelado a otros policías municipales. Entre los locales que han pedido ayuda a la Policía Nacional recientemente hay varios de restauración y ocio, aunque los agentes prefieren no dar más detalles, dado que aún están en plena investigación policial.


Con el sumario revelando detalles escabrosos un día sí y otro también, los pasos van encaminados a la prevención. El mensaje es claro: cualquier propietario de un local que se vea extorsionado o presionado no debe callar; de lo contrario, la bola de la corrupción y la impunidad volverá a crecer.


Precisamente ayer se cumplía un mes del estallido del caso «Coslada». En aquellas fechas se detuvo a un total de 15 policías locales de Coslada, de los que 13, incluidos Ginés y Carlos (su segundo), permanecen en prisión. También están en la cárcel dos hermanos rumanos y un tercer compatriota que encabezaban las labores de extorsión a prostitutas en un polígono de Vicálvaro.

> Berria: Eliza > UNDIO, UN EJEMPLO DEL EXPOLIO QUE LA IGLESIA REALIZA EN LOS PUEBLOS NAVARROS

  • Undio, un ejemplo del «expolio» que la Iglesia realiza en los pueblos navarros
  • Undio es un pequeño pueblo de la Cendea de Zizur cuyo Concejo ha estado pagando y manteniendo históricamente la parroquia y la casa del cura. Los datos de los archivos municipales así lo demuestran, pero la Iglesia se ha apropiado de todo, incluida una huerta comunal.
  • Gara, 2008-06-09 # Iñaki Vigor

El día 24 de abril de 1926 el párroco de Undio (Undiano) solicitó al Concejo el arreglo de la casa parroquial. Un mes después el Concejo decidió hacer una nueva, puesto que la vieja no se podía arreglar. Se encargó el proyecto y se pidió permiso a Diputación para roturar 300 robadas de terreno comunal para pagar los gastos de construcción con el canon de arriendo durante ocho años.


En marzo de 1927 el Concejo adjudicó la mano de obra a Celestino Egurza en 5.850 pesetas, corriendo además con el gasto de los materiales y anunciando que se harían auzolanes para ayudar en la construcción.


En diciembre de ese año la cuenta de gastos de las obras de la casa parroquial ascendía a 19.077 pesetas. El cura se trasladó a la nueva casa, construida y pagada por el Concejo.


En octubre de 1980 el Arzobispado escrituró a su nombre esta casa parroquial, y en 1997 la alquiló a una familia, después de hacer diversas obras.


Estos son algunos datos extraídos de los archivos municipales por vecinos de Undio, que han elaborado un pequeño dosier sobre el «expolio» realizado por la Iglesia católica en el pueblo.


Al igual que ocurrió con la casa parroquial, en 1980 el Arzobispado escrituró la huerta que el párroco había hecho en 1927 en terreno comunal, huerta que quedó abandonada en 1977 tras la muerte del cura.


Pagos del Concejo al párroco
El «expolio» por parte de la Diócesis no se quedó ahí, sino que alcanzó también a la parroquia, un edificio que había sido arreglado y mantenido históricamente por el Concejo.


Así, en 1926 acordó pagar al párroco 250 pesetas al año por dar dos misas los domingos y festivos, y aumentó en 10 pesetas el sueldo del sacristán por el incremento de trabajo de las dos misas. En 1928 acordó colocar un reloj en la torre de la parroquia, actuando como dueño y sin pedir permiso al Arzobispado. Ese mismo año nombró nuevo sacristán, con sueldo de 240 pesetas al año. Un año después acordó arreglar la pared izquierda, con un presupuesto de 5.000 pesetas. Para ello, sacó a subasta varios lotes de leña, pero como no llegaba el dinero, pidió una donación a la Cofradía del Rosario. «Es decir, actuó como dueño», constatan los autores de la investigación. También actuó así cuando en 1930 decidió hacer un frontón usando la pared de la iglesia, o cuando en 1968 pidió un préstamo de 400.000 pesetas para arreglar el templo. Ese mismo año tomó un préstamo de 100.000 pesetas del Arzobispado, al 4% de interés, para pagar la deuda de las obras de arreglo de la parroquia.


En los años 70, 80 y 90 también constan varios pagos para diversos arreglos del edificio en el suelo, pared, bóveda y tejado, todo ello a cuenta del Concejo, que también corría con el gasto de la electricidad.


Pese a todo ello, en 2004 el Arzobispado escrituró el templo parroquial a su nombre.

> Erreportajea: Abortua > NAFARROA: PERSONAL SANITARIO NO PONE IMPEDIMENTOS A PRACTICAR ABORTOS, UPN Y CDN SI

  • Ginecólogos, anestesistas y enfermeras no ponen impedimentos a practicar abortos en Nafarroa
  • Para hacer una interrupción de embarazo sólo hace falta quirófano, ginecólogo, anestesista y enfermera. El Servicio Navarro de Salud dispone de todo ello, pero el Gobierno de UPN-CDN sigue vetando este servicio a las mujeres navarras que quieren abortar.
  • Gara, 2008-06-09 # Iñaki Vigor

Si una mujer navarra tiene que hacerse una operación de estómago, Osasunbidea no le enviará a ningún hospital de fuera de Nafarroa para que le hagan la intervención quirúrgica. Pero si esa misma mujer desea una interrupción voluntaria de embarazo dentro del sistema público de salud, acabará en un centro hospitalario de Donostia, Zaragoza o cualquier otra ciudad.


Esta situación tan surrealista lleva repitiéndose en Nafarroa desde que se aprobó la Ley del Aborto, en 1985. En la actualidad, cada año se registran en torno a 800 demandas de mujeres que quieren acogerse a uno de los tres supuestos legales para la interrupción voluntaria del embarazo. La gran mayoría de ellas prefiere recurrir a clínicas privadas de fuera de Nafarroa y correr con los gastos de la intervención. Las restantes, entre 70 y 90, según los años, acuden a Osasunbidea, pero se encuentran con la imposibilidad de ser atendidas en su herrialde. Todas ellas son derivadas a hospitales de fuera de Nafarroa para someterse a una intervención que la ley les reconoce.


Hace escasos días el Parlamento navarro aprobó una proposición de ley para garantizar los abortos dentro de los propios centros de Osasunbidea. Sin embargo, UPN y CDN se han apresurado a decir que el Gobierno no desarrollará esa ley. Javier Marcotegui (UPN) da argumentos «de peso» para negarse a cumplir el mandato de la Cámara legislativa: «Se trata de una ley vacía de contenido, ejemplo de uso indebido y abuso de la potestad legislativa del Parlamento». Y José Andrés Burguete (CDN) no se queda atrás: «Es una iniciativa efectista que aporta poco de novedoso, excepto dar una imagen de que a partir de ahora en Navarra ya se puede abortar, pero la realidad demuestra todo lo contrario».


La realidad es que, efectivamente, las mujeres navarras no pueden interrumpir su embarazo en su herrialde, pero no porque ellas así lo pidan, sino porque el Gobierno de Miguel Sanz no les deja otra opción. «Si un profesional participase en una interrupción del embarazo en Navarra, no estaría incumpliendo la ley. Otra cosa es que no es fácil cumplir la ley». Así lo entiende Pablo Sánchez Valverde, ginecólogo del centro Andraize, de Iruñea, y uno de los médicos que hace dos décadas practicó abortos dentro del sistema público de salud y se encontraron con una virulenta campaña en su contra desde los sectores católicos más radicales.


«Nunca nos han preguntado»
A pesar del tiempo transcurrido, la situación no ha variado. El Gobierno de Miguel Sanz sigue alegando que en Nafarroa no hay profesionales dispuestos a practicar interrupciones voluntarias de embarazo, pese a que este argumento ha sido rebatido una y otra vez por los propios profesionales.


«A los ginecólogos nunca nos han preguntado sobre la objeción de conciencia, y dan por supuesto que todos los ginecólogos objetamos en bloque. Si el Gobierno se plantea respetar la objeción de conciencia, primero tendrá que hacer una consulta entre todos los ginecólogos que trabajan en Navarra para que digan si realmente son o no objetores de conciencia», insiste Sánchez Valverde.


Él mismo se muestra abiertamente dispuesto a practicar abortos, y constata que en Nafarroa existen otros ginecólogos con la misma disposición, «siempre que se den las condiciones idóneas y adecuadas».


«Si partimos de que no tenemos el amparo de nuestro propio Gobierno, no hay duda de que muchos ginecólogos se van a negar a realizar este tipo de intervenciones. Aunque contemos con la mayoría del Parlamento, y aunque en la actualidad haya más ginecólogos dispuestos a implicarse que hace unos años, es evidente que son temas muy conflictivos. Probablemente, no te van a meter en la cárcel si practicas un aborto, pero seguro que vas a tener muchos problemas», afirma este ginecólogo de Andraize con el aval que le da su propia experiencia.


«A ver quién da el primer paso»
¿Y qué se puede hacer ante una situación así? «El director del hospital debería hacer una ronda de preguntas entre los profesionales que trabajan allí para ver la posibilidad de formar equipos dispuestos a practicar abortos. Pero no es fácil -reconoce el propio Sánchez Valverde- . Este es un asunto conflictivo, y si además el Gobierno no quiere que se haga, a ver quién es el que da el primer paso».


Sus palabras son ratificadas por la realidad del día a día. De hecho, y a pesar del respaldo que supone el reciente acuerdo parlamentario, en los centros hospitalarios de Osasunbidea todavía no se ha abordado esta cuestión ni a nivel de dirección ni en comisiones de departamentos.


Así las cosas, Sánchez Valverde tiene claro que el Gobierno de Nafarroa «debería intentar que todos los navarros podamos ver atendidos nuestros derechos dentro de nuestra comunidad, con los profesionales e infraestructura que tiene». Sus palabras son ratificadas por otros profesionales de los servicios de anestesia y enfermería, aunque dejan claro que no quieren ser catalogados como «el grupo de los abortos».


«Por parte del servicio de anestesia no va a haber ningún impedimento para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, porque se trata de una actuación legal. Si el ginecólogo dice que hay que practicar un aborto, es evidente que habrá un anestesista que se encargue de hacer su trabajo antes de la intervención. Si alguno se niega a hacerlo, el servicio de anestesia asumirá que tiene que cambiar de persona para realizar ese tipo de intervenciones». Así lo entiende Joaquín de Carlos, jefe del Servicio de Anestesia del Hospital Virgen del Camino.


Aunque reconoce que la objeción de conciencia podría surgir en algún momento puntual, deja claro que «los anestesistas no participamos en los supuestos de interrupción del embarazo, sino que valoramos el estado del paciente para realizar una intervención quirúrgica, sea la que sea».


Por ello, tiene claro que «si una persona es anestesista y no quiere trabajar en una intervención de interrupción de embarazo, le mandaría a un sitio donde no tendría que hacerlo, porque no se puede decir que `éste es mi puesto' y negarse a hacer lo que le corresponde en ese puesto».


Estos mismos argumentos son expuestos por la jefa de enfermería de quirófano de otro centro hospitalario. «Si la ley ampara a una mujer para que pueda interrumpir su embarazo, hay que atender ese derecho. Si aquí programan una intervención de este tipo y una enfermera se niega a hacerlo, le plantearíamos que se cambie de servicio o que se busque una compañera que le sustituya para ese caso concreto. Lo que no se puede admitir es que no se realice un servicio que está amparado por la ley», concluye.


Estos testimonios de ginecólogos, anestesistas y enfermeras desmontan el argumento del Gobierno de UPN-CDN de que en Nafarroa no existen profesionales dispuestos a ello, dando por supuesto que todos son objetores de conciencia.


La situación excepcional que se da en este herrialde la resume el propio Sánchez Valverde: «Este es un tema político. Los profesionales no somos la causa de que no se puedan practicar abortos en Navarra. Son los políticos quienes tienen que resolverlo. Nosotros ya lo resolveríamos luego a nivel profesional».


«No es de recibo que el Parlamento haga una ley y el Gobierno no la cumpla»
En un sistema democrático formal, el Parlamento legisla y el Gobierno ejecuta. Sin embargo, parece que Nafarroa es una excepción, porque son los propios partidos que conforman el Gobierno -UPN y CDN- quienes hacen ostentación de no cumplir los mandatos de la Cámara.


«Desde luego, no parece de recibo que un Parlamento apruebe una ley y que el Gobierno diga que no la va a cumplir», afirma el ginecólogo Sánchez Valverde, al tiempo que considera que el tema del aborto en Nafarroa tiene un carácter «político».


«Los profesionales no somos la causa de que no se puedan practicar abortos en Navarra -constata-. Son los políticos quienes tienen que resolverlo. Nosotros ya lo resolveríamos luego a nivel profesional».